En el verano de 2006 y con un presupuesto de 53 millones de dólares[1], abría sus puertas en la capital camboyana las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya, nombre que recibiría este tribunal ad hoc[2] (para esto), es decir, un tribunal creado con un fin específico: juzgar a los líderes de los jemeres rojos que contínuan con vida.
Los tribunales están constituidos en el Reino de Camboya y cuentan con el apoyo de la comunidad internacional representada por la ONU dando lugar a una figura novedosa dentro de la legislación internacional, pues, aunque serán independientes del sistema judicial del país, se aplicará tanto el Derecho camboyano como el Derecho Internacional.
Esta ambivalencia se percibe también en su composición mixta: habrá, por un lado, jueces camboyanos y, por otro, jueces propuestos por el Secretario General de la ONU, que serán llamados “jueces internacionales”.
En cuanto a la organización de las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya contará con dos tipos de instancias:
- Una Sala de Primera Instancia con tres jueces camboyanos y dos jueces internacionales
- La Corte Suprema, cámara de apelación y última instancia, bajo la supervisión de cuatro jueces camboyanos y tres jueces internacionales.
El hecho de que haya más jueces nacionales que internacionales, constituye una particularidad que no ocurre en ningún otro tribunal ad hoc, como el de Sierra Leona.
En la toma de decisiones se pretenderá siempre conseguir la unanimidad. Sin embargo, se prevé que el deseado acuerdo no concurra y por ello, hay establecido un sistema de súper mayoría en el que, para que una decisión pueda ser válida, se necesita: en la Sala de Primera Instancia el voto afirmativo de al menos cuatro de los cinco jueces y, en la Corte Suprema, el de al menos cinco de los siete jueces. Finalmente, señala, que si el imposible llegar a un acuerdo, la decisión de la cámara deberá contener la opinión de la mayoría y de la minoría.
Ámbito de trabajo
Los acusados se restringirán a aquellos altos líderes y mayores responsables de la Kampuchea Democrática, por tanto, cualquiera que ejerciese una responsabilidad en un cargo medio o bajo quedaba excluido.
La competencia jurisdiccional del Tribunal se extenderá desde el 17 de abril de 1975 y hasta el 6 de enero de 1979. Esta limitación temporal tiene importantes consecuencias porque significa que todos los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos antes y después del régimen de los jemeres rojos quedarían excluidos.
Sin detenernos a comentar esta decisión dejaremos que sean las palabras del Padre Francois Ponchaud las que abran una reflexión: “es bueno poner a los jemeres rojos en el banquillo, pero ellos no son los únicos perpetradores de genocidio. Los Estados Unidos destrozaron Camboya y ¿quién va a condenarlos a ellos?”[3]
Desde la ONU se explicó que era por razones presupuestarias. Pero, me pregunto ¿sólo por razones presupuestarias? De extenderse también abarcaría el golpe de Estado de Lon Nol (apoyado por EEUU) o la invasión de Vietnam, por ejemplo.
Por último, los delitos por los que serán juzgados los acusados serán tres:
1. El crimen de genocidio, según la definición de la Convención de 1948 sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio;
2. Crímenes contra la Humanidad como aparece definido en el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional
3. Crímenes de guerra.
Son el homicidio intencional; la tortura o trato inhumano; el causar deliberadamente grandes sufrimientos o graves lesiones al cuerpo o salud; la destrucción y daños a la propiedad, no justificada por necesidad militar y llevado a cabo de forma ilegal y arbitraria; obligar a un prisionero de guerra o un civil para servir en las fuerzas de una potencia enemiga; la deportación ilegal o transferencia o confinamiento ilegal de un civil; la toma civiles como rehenes.[4]
Por último y en relación a las penas, los culpables podrán ser condenados por los delitos que acabamos de señalar, por una pena mínima de cinco años, hasta la máxima de la cadena perpetua. Además, se prevé que el tribunal podrá ordenar “la confiscación de bienes, dinero y bienes adquiridos ilegalmente o por conducta criminal”[5] y el destino de esos bienes confiscados serán las arcas del Estado.
Fotografía ECCC
[1] De esa cifra, el gobierno camboyano solo tendría que aportar 13,3 millones de dólares aunque finalmente la Unión Europea sufragó su parte; la mitad fue aportada por los Japón (más de 20 millones) y el porcentaje restante corrió de la cuenta de franceses y australianos
[2] Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
[3] AGUIRRE, Mark. op.cit. 43
[4] LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Article 6.
[5] LAW on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Article 39
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