En 1992, el Estado de Camboya se convierte en el Reino de Camboya, en la que se proclama una monarquía constitucional con Sihanouk como Jefe de Estado. Además, debido a los mencionados Acuerdos de París, los jemeres rojos son reconocidos como uno de los cuatro partidos políticos legítimos. Los otros tres estarán encabezados por Hun Sen, hijo del príncipe Sihanouk, Ranariddh y otro por Son Sann, pro americano. Estos partidos aceptaron concurrir en unas elecciones electorales supervisadas por la ONU.
Pero dos meses antes de la convocatoria electoral, los jemeres reculan y anuncian que no se desarmarán y que intentarán retomar el poder. Sin embargo, Pol Pot y su pequeño ejército confinado en las regiones fronterizas poco tenía que hacer frente a una creciente marginación política y las deserciones masivas en sus filas.
Finalmente, una ley de 1994, prohibió el movimiento y ofrecen una amnistía a todo aquel jemer rojo que se adhiriere a la causa del gobierno. A finales de ese año y gracias en parte a este “perdón”, se estima que quedan menos de 5.000 guerrilleros y que han dejado la armas alrededor de 3.000.[1] En 1996, Ieng Sary y varios comandantes militares desertan de los jemeres rojos y reconocen la autoridad del gobierno de Phnom Penh.
No obstante, entre la población camboyana empezaba a oírse cada vez más alto una llamada a la justicia. Las familias de los más de 2.000.000 de desaparecidos bajo el régimen de los jemeres rojos estaban siendo totalmente burladas. Más indignante es también otra consecuencia de la ley, que fue la incorporación de los jemeres a la Administración y el ejército, lo que aumentó la sensación de impunidad hacia los líderes jemeres.
Cada vez más aislado y obsesionado con la traición, Pol Pot manda a ejecutar a su compañero So Sen junto a toda su familia. Ante esta situación, los jemeres rojos deponen a su líder y lo someten a juicio por este acto.
Pero llegó tarde. Uno de los hombres más sanguinarios de nuestra historia, murió pocos meses después de un ataque al corazón en su cabaña de la selva mientras cumplía el arresto domiciliario al que le habían condenado su propio ejército.
A nivel internacional, al fin, la nueva Administración Clinton había emitido una orden de detención internacional para llevar al cabecilla ante el Tribunal Internacional de la Haya, pero, como acabamos de ver, nunca llegó a ejecutarse. Una semana más tarde de este anuncio, sin haber sido perturbado, Pol Pot había muerto.
Su fallecimiento reforzó la voluntad internacional de ponerse manos a la obra para instaurar un Tribunal que juzgase a los líderes de los jemeres rojos. Hay que situar estos movimientos en el contexto de que ese mismo año se había aprobado el Estatuto de Roma por el que se creaba la Corte Penal Internacional, es decir, se estaba viviendo un renacimiento de la lucha contra la criminalidad internacional y la defensa de los derechos humanos.
El 21 de enero de 1999, el primer ministro camboyano envió una carta al Secretario General de la ONU, Kofi Annan en la que escribe “la razón esencial en favor de un Tribunal encargado de juzgar a los criminales del genocidio es garantizar que se haga justicia al pueblo camboyano y se castigue a los responsables”. [2]
Habría que esperar todavía algunos años más, en los que la impunidad siguió siendo el modo de vida de los jemeres, para que al fin, se crearan las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya
[1] ROMERO, Vicente. Pol Pot, el último verdugo. España: Editorial Planeta, 1998
[2] BRUNETEAU, Bernar. El siglo de los genocidios. Madrid: Alianza Editorial, 2006, pág. 305
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